CSJ ORDENA A DICOM DEPURAR SU BASE DE DATOS.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a DICOM (agencia de récord crediticio) depurar su base de datos y eliminar la información que haya sido recopilada y almacenada sin el consentimiento de los ciudadanos, tras amparar a ciudadanos que presentaron una demanda por la vulneración del derecho a la protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de datos, es decir, el derecho a decidir sobre el uso de los datos personales.

La demanda fue presentada por la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet (INDATA), en la cual se explicaba que DICOM recopilaba y comercializaba información personal y crediticia, generando perfiles de miles de salvadoreños a través de la creación de bancos informáticos de fácil acceso, manejo transferencia.

Según la demanda, dicha actividad vulnera el derecho a la autodeterminación informativa de las personas que sin su consentimiento son incorporadas en los bancos de datos de DICOM.

La sala estableció que DICOM no cuenta con la debida autorización para funcionar como agencia de información, ya que no ha adecuado su actividad a las exigencias que determina la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas.Debido a estas razones, los magistrados ordenaron a que se realicen las diligencias necesarias para depurar la base de datos y eliminar toda información que no cuente con la autorización de los ciudadanos.

DICOM deberá contar con la documentación necesaria que acredite que tiene el consentimiento de los ciudadanos para usar sus datos.

La Superintendencia del Sistema Financiero deberá encargarse de supervisar el cumplimiento de la sentencia.Tras conocerse la resolución de la sala, el diputado del CD, Douglas Avilés, celebró la decisión y recordó que en octubre de 2010, la fracción legislativa de su partido presentó la Ley de Historial Crediticio ante la Asamblea Legislativa, con el fin de que frenaran los abusos de DICOM.

Dicha ley fue aprobada en 2011; sin embargo, esta no ha sido cumplida, señaló el parlamentario.Asimismo, agregó que la ley ordenaba que DICOM estableciera tres oficinas: una en la zona oriental del país, otra en la occidental y una más en la central, empero, solo funcionó una en San Salvador.

Avilés también lamentó la poca intervención de las instituciones del Estado para viligar a la empresa.

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