Inicia proceso civil contra ex director del Seguro Social

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador decidió ayer admitir el expediente que le envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para iniciar un juicio civil contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa y su cónyuge, Dennis Karina Hernández de Flores, por el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. Este es el segundo caso que llega a la Cámara Segunda de lo Civil en menos de dos meses. El primero fue contra el diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez de López. Los dos expedientes fueron enviados a la cámara por la CSJ, que determinó, luego de un análisis de la declaración de patrimonio de ambos procesados, que existían irregularidades en estas. En el caso de Flores Sosa, la Corte Suprema estableció en la resolución firmada por todos los magistrados que integran Corte Plena que el exfuncionario omitió declarar la información de cuatro cuentas bancarias: tres a su nombre y una de su cónyuge. Además, dicha declaración, realizada a la Sección de Probidad de la CSJ, no correspondía con los ingresos y gastos detectados durante una auditoría, entre ellos depósitos a cuentas internacionales de hasta $18,000, cifra superior a su salario mensual de $5,311.52 como director del ISSS. Por ello, la Cámara Segunda de lo Civil decidió ayer admitir el expediente enviado por la Corte y ratificó la inmovilización de seis cuentas bancarias (cuatro corrientes y dos de ahorro) a nombre de Flores Sosa y una más a nombre de su esposa, Dennis Karina Hernández de Flores. Además, ha solicitado al Centro Nacional de Registros (CNR) que en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la diligencia explique cuál es la situación de los inmuebles de Flores Sosa y los que se encuentran a nombre de Hernández de Flores. Asimismo, inhabilitó la realización de cualquier trámite de venta o traspaso de los vehículos que fueron adquiridos de forma sospechosa. Según las magistradas de cámara, existen suficientes indicios para que inicie la investigación por sospechas del delito de enriquecimiento ilícito que, según la ley, “es cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente”, según el artículo 7 de la ley. La Corte también detalló en el expediente enviado a la cámara que Flores Sosa recibió múltiples depósitos en una cuenta bancaria desde los $4,500 hasta los $7,000. Según la investigación de la CSJ, ninguno de esos depósitos era parte de su salario y los depositantes eran empleados del ISSS a quienes les dio dinero para que realizaran el trámite. Otra de las irregularidades que determinó la CSJ fue la compra de tres vehículos: un Mercedes Benz de $60,000, un Mini Cooper de $15,000 y una camioneta Hummer por $25,500. La Sección de Probidad de la Corte no logró determinar cómo fueron efectuados dichos pagos, debido a que no hay constancia de movimientos bancarios por esas cantidades ni cheques emitidos por Flores Sosa o su esposa.